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La regulación actual sobre aceites vegetales comestibles aplicable en España requiere de una revisión total para adecuarla a la innovación del sector. La existencia de un vacío legal limita el desarrollo de nuevos productos españoles, especialmente en el caso de los relacionados con el aceite de oliva.
Si analizamos la legislación de la Unión Europea se observa que no se ha armonizado lo relativo a aceites vegetales. Como consecuencia, en cada país UE se actúa de forma individual, con mayor o menor especificidad regulatoria, lo que da lugar a situaciones paradójicas en relación con estos productos.
Es necesario proceder a una revisión del marco regulatorio aplicable a los aceites vegetales (Real Decreto 308/1983) en conexión con la regulación de la Unión Europea aplicable al aceite de oliva (Reglamento 29/2012) y valorando que la UE no ha armonizado de forma expresa lo relativo a los aceites vegetales, porque nos encontramos con productos que en otros Estados miembros de la UE pueden ser legalmente fabricados y comercializados y en cambio en España no pueden ser fabricados por empresas españolas en virtud del citado Real Decreto 308/1983, lo que provoca una inferioridad de condiciones del sector de aceites vegetales y en particular del oleícola.
La tendencia creciente a innovar en alimentación enriqueciendo productos con nuevos aromas, texturas, sabores e incluso principios activos funcionales, responde a una demanda creciente de mercado, que también afecta al sector de los aceites vegetales. Sin embargo, para dar respuesta a esta demanda de mercado, el fabricante español de aceites vegetales se encuentra con una limitación legal no existente en otros países de la Unión Europea.
En este sentido, ante la existencia de una demanda de productos de estas características por parte de otros países, las industrias oleícolas españolas tienen grandes dificultades para ajustar la legislación española en la materia con la demanda de este tipo de productos. En este tipo de situaciones, una vía es la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, aunque también se producen algunos casos más extremos, llegándose a la externalización de ciertas producciones para evitar las cortapisas de la legislación española en esta materia.
En definitiva, desde nuestro punto de vista lo más adecuado para hacer que converjan todos los intereses (sector, autoridades competentes y consumidores) es que la legislación que se aplique sea la comunitaria que está armonizada entre todos los Estados miembros, debiendo derogarse de forma expresa la legislación nacional para evitar que el sector oleícola español pueda verse en inferioridad de condiciones, teniendo muy presente que España es el principal productor de aceite de oliva en el mundo.
En el ámbito de aceites vegetales destaca también en estos momentos la situación del aceite de palma, con el debate abierto desde dos perspectivas: la nutricional y la de sostenibilidad, lo que está dando lugar a iniciativas tanto en el ámbito nacional, como en el comunitario. Para muestra dos ejemplos:
Por un lado, en el Congreso de los Diputados se presentó una “Proposición no de Ley relativa a la sostenibilidad y utilización del aceite de palma para uso industrial y alimentario” que se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 24 de marzo.
Por otra parte, ayer 4 de abril se trató en el Parlamento Europeo la “Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2017, sobre el aceite de palma y la deforestación de las selvas tropicales”
Estas iniciativas nos permiten hacernos una idea de la transcendencia que está tomando este tema, que puede unirse a la necesidad de una adecuada regulación para los aceites vegetales empleados en los alimentos, además de contar con las herramientas legales pertinentes para potenciar y promocionar la innovación y el desarrollo de productos que aúnen sostenibilidad y seguridad alimentaria.
Es indudable que el sector alimentario está viviendo un periodo de agitación en relación con la sostenibilidad de los productos que se elaboran y con todo lo concerniente a la producción de los aceites vegetales. Por ello, recomendamos que cualquier iniciativa en esta dirección cuente con el asesoramiento jurídico y técnico necesario para cumplir los requisitos legales actuales.
Desde AINIA, ponemos a su disposición nuestro equipo de especialistas en Derecho Alimentario y en aquellas cuestiones técnicas vinculadas con reformulación de productos de acuerdo con la regulación de la UE, que podrá ayudarle en las cuestiones regulatorias o técnicas que sobre estos temas puedan surgirle.
Asimismo, le animamos a que se sume al grupo sobre Legislación Alimentaria en LinkedIn y que conozca con más detalle cómo desde el Derecho Alimentario podemos ayudarle a garantizar su seguridad jurídica y alimentaria.
José María Ferrer (408 artículos)
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