En 2025 más allá de algunas iniciativas de gran calado que desde España y la Unión Europea esperamos que se concreten, como por ejemplo la Estrategia Nacional de Alimentación que desde el Ministerio de Agricultura se presentará a principios de 2025 o la Junta Europea de Agricultura y Alimentación que recientemente ha puesto en marcha la Comisión Europea y que comenzará a funcionar en 2025, hemos de tomar en consideración otras medidas verticales u horizontales que impactarán en el sector agroalimentario en el próximo año.
Las palabras clave o conceptos que están presentes y que marcarán las cuestiones sobre legislación en 2025 son, entre otros, PPWR, desperdicio alimentario, reduflación, deforestación…
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los envases y residuos de envases, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2019/1020 y la Directiva (UE) 2019/904 y se deroga la Directiva 94/62/CE (PPWR)
El arranque de 2025 nos traerá la nueva legislación sobre envases y residuos de envases, se prevé su publicación en el DOUE durante el mes de enero. Los aspectos más relevantes de la nueva regulación los veremos en forma de objetivos de empleo de mayor cantidad de material reciclado para los años 2030 y 2040, minimización del peso y el volumen de los envases, reducción al mínimo de las denominadas sustancias preocupantes, como es el caso las PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas).
También tendremos que prestar especial atención a las cuestiones sobre el etiquetado, marcado e información que se derivan el PPWR. En este punto el Ministerio para la Transición Ecológica ya está tratando de encajar la normativa nacional (Real Decreto 1055/2022) con lo que viene desde Bruselas, para ello se ha publicado la nota interpretativa sobre este punto.
Estos son algunos de los aspectos sobre los que habrá que prestar atención, no obstante, hemos de esperar unas semanas (se prevé para mediados de enero 2025) hasta que se publique en el DOUE el PPWR.
Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario
Desde el pasado 26 de diciembre de 2024 la iniciativa legislativa se encuentra en el Senado a la espera de que prosiga su tramitación con un plazo para enmiendas y propuestas de veto hasta el 7 de febrero de 2025 y el límite para su tramitación hasta el 26 de marzo de 2025.
En el Congreso se tramitaron las distintas enmiendas presentadas y todo parece indicar que en 2025 verá la luz, máxime teniendo en cuenta que entre las enmiendas aprobadas están contemplados la mayoría de los partidos presentes en la Cámara.
Las enmiendas incorporadas como mejoras técnicas y otras cuestiones de fondo, por ejemplo, para fomentar el consumo de todos los productos de la cadena alimentaria, se centran en el objeto de la ley, en el concepto de “agentes de la cadena alimentaria”, en las obligaciones generales de los agentes de la cadena alimentaria, en las medidas de buenas prácticas a desempeñar por las empresas que venden alimentos al consumidor final para incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima y en la incorporación de la Disposición adicional tercera (nueva). Contenido del Plan Estratégico de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario y de los programas autonómicos.
Proposición de Ley para atajar la reduflación en los productos de consumo
Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, para prevenir la práctica de la reduflación y proteger los derechos de las personas consumidoras.
La reduflación es un término utilizado en economía para describir una situación donde la cantidad el o tamaño de un producto disminuye, mientras el precio se mantiene igual o incluso aumenta. Se trata de una cuestión que ya tratamos en 2022 cuando empezaron a percibirse este tipo de situaciones, que de acuerdo con estudios recientes (noviembre 2023) nos indican que el 54 % de las personas consumidoras en España han notado una reducción del tamaño de los productos en su compra cotidiana, principalmente en snacks, pan, pasta, arroz, dulces y comida precocinada.
Ante esta situación y valorando la defensa de los consumidores se promueve la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007) que consistirá en la incorporación de la información necesaria sobre las características del bien o del precio:
«Cuando se ponga a la venta un producto de consumo preenvasado con una cantidad nominal constante, deberá informarse de forma clara y comprensible a las personas consumidoras siempre que se reduzca dicha cantidad y esta se traduzca en un aumento del precio por unidad de medida, manteniendo el mismo o similar diseño en su envase. Este deber de información se considerará cumplido cuando se indique de forma legible y visible en el punto de venta final la reducción de la cantidad envasada y el aumento de precio en consecuencia durante un plazo no inferior a 90 días desde la primera comercialización del producto con las nuevas características.»
Por lo que concierne a la deforestación, se trata de otra cuestión de amplio alcance para un gran número de operadores de la UE. Ante la inminente aplicación del Reglamento (UE) 2023/1115 relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal, se han producido movimientos en toda la industria que, en este caso, han sido atendidos por la Comisión Europea.
Las empresas tendrán un año más para adaptarse a las nuevas reglas que prohíben la venta en la UE de productos procedentes de tierras deforestadas. Los grandes operadores y proveedores tendrán que respetar las obligaciones de la legislación actual a partir del 30 de diciembre de 2025, mientras que las microempresas y las pequeñas empresas tendrán hasta el 30 de junio de 2026.
Estas son algunas de las temáticas que van a tener impacto en la actividad de la industria agroalimentaria, tanto por su aplicación directa, como por la afectación general a toda la industria en su conjunto. Desde AINIA seguiremos atentamente la evolución de estas cuestiones y cualesquiera otras que puedan surgir.
