La Agricultura de la UE atraviesa un momento muy complicado, tal y como recientemente declaraba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, «Ha llegado el momento de forjar un nuevo consenso sobre alimentación y agricultura entre los agricultores, las comunidades rurales y todos los demás agentes de la cadena agroalimentaria de la UE. Los agricultores y la industria alimentaria de la UE proporcionan a nuestros ciudadanos alimentos saludables y de alta calidad, y contribuyen de manera fundamental a nuestra economía, en particular en las zonas rurales. También están haciendo un enorme esfuerzo para contribuir a nuestras transiciones ecológica y digital; pero, al mismo tiempo, se enfrentan a una amplia gama de retos: el cambio climático, la inflación, la volatilidad de los mercados, etc. Con este diálogo estratégico, estamos creando un foro para ofrecer, en beneficio de todos, una visión clara del futuro».
Obviamente la solución a la situación actual de la Agricultura no pasa única y exclusivamente por este mecanismo de diálogo entre todos los agentes. Es necesario que se tomen otras medidas y también se analice el actual marco regulatorio en el ámbito agroalimentario para estudiar hasta que punto se está aplicando adecuadamente y de forma armonizada en toda la UE.
El análisis del marco legal en el que nos movemos es primordial para intentar alcanzar un equilibrio entre todos los grupos de interés. La armonía es fundamental para conseguir un nivel de vida justo para la agricultura, que se apoye la actividad agrícola dentro de los límites de los distintos ecosistemas, que podamos aprovechar el conocimiento y la innovación tecnológica para entre todos construyamos un sistema alimentario sostenible en la UE.
El instrumento que plantea la Comisión Europea reunirá a los principales grupos de interés de toda la cadena agroalimentaria, incluidos los agricultores, las cooperativas, las empresas agroalimentarias, las organizaciones no gubernamentales y los representantes de la sociedad civil. Con el trabajo que se desarrolle por parte de todos los grupos de interés probablemente se generarán medidas político-económicas que podrán contribuir a mejorar la situación general.
En paralelo a las medidas político-económicas consideramos que es de especial trascendencia el estudio y análisis del marco legislativo agroalimentario actual, ya que debe verificarse que está siendo aprovechado en toda su extensión en el ámbito agroalimentario.
¿Jugamos todos con las mismas reglas?
Una de las principales demandas de los agricultores es la cuestión sobre cómo se aplican los requisitos a los productos agroalimentarios procedentes de fuera de la UE. Sobre este punto hemos de recordar que actual marco regulatorio a través del Reglamento (CE) nº 178/2002 (principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria) y el Reglamento (UE) nº 625/2017 (controles oficiales) han establecido medidas para garantizar que todos los alimentos importados a la UE deben cumplir los requisitos fijados en la legislación alimentaria UE (artículo 11 del Reglamento (CE) nº 178/2002).
No sólo se plantea la equivalencia de las medidas para los productos procedentes de fuera de la UE, sino que también se han establecido medidas control oficial específicamente enfocadas en los controles de la Comisión en terceros países. Los controles indicados se prevén en el Reglamento (UE) nº 625/2017 para comprobar el cumplimiento o la equivalencia de la legislación y los sistemas de los terceros países (artículo 11).
Además de las medidas indicadas, la UE también contempla otras situaciones que requieren un tratamiento específico para proteger sus fronteras ante la posible entrada de productos agroalimentarios que no respecten las exigencias legalmente establecidas, en este caso contamos con lo previsto en el Reglamento (UE) nº 1793/2019 para el aumento temporal de los controles oficiales y a las medidas de emergencia que regulan la entrada en la Unión de determinadas mercancías procedentes de terceros países. Esta legislación se actualiza semestralmente considerando la situación de los productos, países y peligros. Se realiza una evaluación de riesgo caso por caso en función de la combinación de origen, mercancía y riesgo, se incorporan otros factores como los patrones estacionales, las tendencias y los volúmenes de las operaciones.
Como podemos observar las herramientas legislativas de la UE están sobre la mesa para que se puedan realizar los controles a los productos agroalimentarios de terceros países, ahora bien, la cuestión es si realmente si cumple o no y existe esa reciprocidad entre los productos UE y los procedentes de terceros países. En este punto es en el que debemos poner el acento para analizar el grado de exigencia que tienen las autoridades competentes al controlar el ingreso de productos agroalimentarios en la UE, aquí radica la clave de esta cuestión.
Las exigencias o planteamientos de la macropolítica están muy bien como titulares en la prensa, pero lo relevante de verdad para el consumidor en la UE y sobre todo para los productores de alimentos es que en el día a día la reciprocidad se produzca en forma de controles exhaustivos y en las mismas condiciones en todos los puntos de entrada de la UE, de esta forma se garantizará el cumplimiento de la legislación alimentaria y el cierto equilibrio entre los productos de la UE y los de terceros países.
Por lo tanto, desde un punto de vista teórico las reglas de juego son equivalentes, aunque el día a día se empeña en mostrarnos la distancia existente entre el marco legal establecido y su aplicación en la práctica. Es necesario que trabajemos más en la aproximación del nivel teórico y el nivel práctico. Ante esta realidad son perfectamente comprensibles las demandas de la Agricultura, aunque hemos de recordar que con mayor grado de cumplimiento del marco regulatorio la situación podría ser considerablemente mejor.
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