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Acabamos de conocer el “Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025”, que sienta las bases del sistema de control oficial de toda la cadena alimentaria en España, desde la producción primaria hasta el punto de venta y el consumidor final. El plan es integral, y describe las acciones de control oficial de las distintas administraciones públicas en España dentro de sus competencias.
Contar con un plan de estas características deriva de un mandato europeo ya que de acuerdo con el artículo 109 del Reglamento (UE) No. 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) del 15 de marzo de 2017, se debe aplicar un plan de control nacional plurianual en todos los estados miembros de la UE para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos y los piensos, así como el cumplimiento normativo. En nuestro caso también se incluyen el control y otras actividades oficiales como la inspección relacionada con la sanidad y el bienestar animal, la sanidad vegetal y la normativa de productos fitosanitarios.
Las competencias en el control oficial de la cadena alimentaria en nuestro país recaen a nivel central en los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; el Ministerio de Sanidad; el Ministerio de Consumo y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que ostentan un papel principalmente coordinador. Con la excepción de los controles en frontera, las competencias en la planificación y ejecución de los controles oficiales recaen en las comunidades autónomas.
El Plan consta de una parte general en la que se describen los principios orientadores en los que se ha basado la redacción del plan, la organización territorial y la distribución de competencias entre las distintas administraciones, estableciéndose 4 objetivos de alto nivel:
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas ha asegurado que este plan es “de gran importancia para el sector agroalimentario, porque es un plan de planes”, ya que aglutina en un documento único los controles oficiales que llevan a cabo las distintas autoridades competentes para asegurar el cumplimiento de la legislación a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde la producción primaria hasta los puntos de venta al consumidor final.
Desde nuestro punto de vista esta característica de integral, de alcanzar a toda la cadena de producción y distribución de alimentos en nuestro país es lo más destacable del plan, fiel a la necesaria política “de la granja a la mesa”.
Por muy ambicioso que pudiera llegar a ser un plan de estas características, no podría cumplir sus objetivos sin la aportación de los protagonistas del sector, los propios operadores. En el caso de la industria este hecho cobra especial relevancia a través de los sistemas de autocontrol. Sería imposible que el control oficial fuera oficial sin apoyarse en este tipo de sistemas por dos motivos principales, el primero cuantitativo y el segundo cualitativo:
Por estos motivos el con trol oficial a este respecto lo que hace es controlar o auditar para garantizar que los sistemas de autocontrol de las empresas son adecuados y está eficazmente implantados.
Desde el punto de vista del control analítico, tampoco los servicios de control oficial contarían ni de lejos con medios suficientes, entrando en juego para ello la oferta que desde laboratorios como ainia ofrecemos para los sistemas de autocontrol de las empresas.
Destacar en este punto las garantías que ofrece la acreditación de estos laboratorios que, aunque no sea estrictamente necesaria en todos los casos, si que debe ser valorada favorablemente por los responsables de calidad y seguridad alimentarias de las industrias, y conviene exigirla al menos en los parámetros de mayor criticidad, ya que la acreditación es una garantía de fiabilidad y reconocimiento de los resultados analíticos, al mismo nivel de exigencia que se aplica a los controles oficiales.
Roberto Ortuño (92 artículos)
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